Una epidemia de expulciones

Introduction

Expulsion rates for California’s counties (2010-2011 academic school year)

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Source: Center for Public Integrity analysis of school expulsion numbers submitted to the California Department of Education.

BAKERSFIELD, Calif. — Este otoño, mientras esperaba su turno para una audiencia de apelación disciplinaria, el estudiante de sexto grado comenzó a llorar.

Apenas tenía 11 años. Estaba previsto que lo volvieran a expulsar otra vez por un año de su distrito escolar elemental, esta vez por supuesta agresión sexual y obscenidades.

La ofensa: “Darle una nalgada a una niña y marcharse corriendo riéndose.”

Según el panel de apelaciones, y más tarde la junta escolar local, el castigo era adecuado para este delito.

Tim McKinley, el abogado voluntario del niño, estaba indignado.

“Con esto en su expediente, está casi al mismo nivel que el chico que violó a una chica”, dijo McKinley, que fue agente del FBI por 26 años.

Habiendo perdido dos veces al nivel local, McKinley apelaba por tercera vez la expulsión de este niño mexico-americano el 13 de diciembre ante la Junta de Educación del Condado de Kern. Allí, McKinley consiguió que cancelaran la expulsión del niño después de presentar un documento legal arguyendo que el delito del niño no entraba dentro de la definición legal de agresión sexual. McKinley también citó estadísticas publicadas por el Centro para la Integridad Pública que muestran que las escuelas del Condado de Kern acusan y expulsan a más niños por motivos de obscenidad que en cualquier otra parte de California.

El abogado también arguyó que la escuela del niño de Bakersfield no había ofrecido terapia adecuada antes de proceder a expulsar al estudiante, y que la escuela tenía un historial de expulsarlo y disciplinarlo por fallos académicos.

Hoy en día, son comunes las discusiones sobre disciplina escolar, y las escuelas del Condado de Kern, 48 en total, encabezan el debate. El pasado año, las escuelas del condado expulsaron a más estudiantes que ningún otro condado de California, incluyendo el Condado de Los Ángeles, que es mucho más grande.

Los maestros y los padres quieren un entorno seguro, pero está surgiendo un movimiento nacional de reforma, impulsado por informes de que las políticas de expulsión escolar temporal y permanente se aplican desproporcionadamente a las minorías, llevando a muchos estudiantes a una vía rápida al fracaso.

Enfoque Sobre la Disciplina

Según investigaciones del Proyecto sobre Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles, desde los años 70, cada vez hay más expulsiones, muchas de ellas no por motivos de violencia, sino por infracciones de menor importancia como insubordinaciones.

El fenómeno de la “tolerancia cero” se aceleró tras la balacera de 1999 de Columbine High School en Colorado. Las juntas escolares y los administradores comenzaron a ejercer mayor discreción sobre una interpretación más dura de los códigos de conducta.

Con un amplio territorio de 8,000 millas cuadradas, el Condado de Kern produce el 10 por ciento del petróleo de los EE.UU. y es el tercer condado del país en ingresos de procedencia agrícola. Sin embargo, el 22 por ciento de sus residentes vivía por debajo del nivel de pobreza en 2009. Los latinos se han convertido en el grupo étnico con mayor presencia en las escuelas, el 61 por ciento.

El pasado año, el Condado de Kern contaba con 173,360 estudiantes, menos del 3 por ciento de todos los estudiantes de California, pero el 14 por ciento de las 18,648 expulsiones que tuvieron lugar en el estado, se dieron aquí, según datos proporcionados al Departamento de Educación de California. Bakersfield High School, en la ciudad más grande de Kern, reportó la expulsión de 232 de sus 2,755 estudiantes.

Christine Lizardi Frazier, superintendente de las escuelas del Condado de Kern, defiende estas políticas. “No son expulsados por dar empujones,” dijo Frazier, “realmente es muy difícil mirar hacia el otro lado cuando vienen con una pistola o un cuchillo o vendiendo drogas.”

Pero la historia es más complicada según las estadísticas.

Un estudio del Centro para la Integridad Pública indica que muy pocos de los 2,578 estudiantes expulsados de Kern habían sido acusados de infracciones graves que requieran verdaderamente una expulsión, como por ejemplo, blandir un cuchillo o una pistola. En realidad, la mayoría de las expulsiones fueron por varios tipos de alegaciones sobre las que los administradores tienen la discreción de recomendar otros tipos de disciplina a las juntas escolares, que son las que tienen la autoridad final.

Aproximadamente 522 de los estudiantes de Kern fueron expulsados por “causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico…” Normalmente, esto es por una pelea a puñetazos o por tratar de darle a alguien. Otros motivos comunes de expulsión fueron el uso de intoxicantes, desde cerveza a drogas ilegales o medicamentos con receta. Las escuelas expulsaron 843 estudiantes por infracciones de este tipo. Los informes de las escuelas no especifican los detalles de las alegaciones.

También hubo muchas expulsiones por otras dos supuestas infracciones: oposición o desafío a la autoridad, y uso de obscenidades, vulgaridades o lenguaje grosero.

El año pasado, se expulsó a más estudiantes de Kern por oposición o desafío a la autoridad que por la posesión de objetos peligrosos. 232 estudiantes fueron expulsados por esa razón. En el Condado de Los Ángeles, donde el número de estudiantes es nueve veces mayor que en el de Kern, sólo se expulsó a 89 muchachos por oposición o desafío a la autoridad.

Las escuelas de Kern también expulsaron a muchos más estudiantes que las de Los Ángeles por proferir obscenidades o utilizar un lenguaje grosero, 105 en comparación con los 39 de Los Ángeles. De hecho, el año pasado, una de cada cuatro expulsiones estatales por el uso de obscenidades o lenguaje grosero se dio en el Condado de Kern.

Algunos especialistas en disciplina consideran que las acusaciones de desafío a la autoridad y uso de un lenguaje grosero son subjetivas y raramente deberían ser motivo de expulsión. A otros les preocupa que las expulsiones se estén aplicando de una manera discriminatoria.

Según datos del Distrito Escolar Preparatorio de Kern, los estudiantes latinos, que representan el 55 de la población del distrito, constituyen el 60 por ciento de los estudiantes expulsados en un periodo de cinco años; los estudiantes blancos, que representan el 32 por ciento de la población, fueron expulsados en un 22 por ciento, mientras que los estudiantes negros, que representan menos del 8 por ciento de la población, fueron expulsados en un 15 por ciento.

Las autoridades dicen que la comunidad apoya la disciplina firme.

“Nadie se presenta a las elecciones de la junta con la intención de mantener a los muchachos que profieren obscenidades o venden drogas en las escuelas (normales),” dijo Bryan Batey, padre y presidente de la junta de administradores del Distrito Escolar Preparatorio de Kern.

Pero según McKinley, que ahora trabaja con Greater Bakersfield Legal Assistance, Inc., las pruebas son desconcertantes.

“Estas anomalías estadísticas muestran que aquí está pasando algo muy serio”, dijo el anterior agente del FBI. “No me digan que los muchachos de aquí son peores que los de Los Ángeles o los de otros lugares.”

Reconsideraciones

Las quejas de McKinley reflejan las de otros estudios recientes.

En julio, el Consejo de Gobiernos Estatales, un grupo nacional, publicó un estudio de seguimiento de todos los estudiantes de Texas desde 7º grado hasta el último año de la preparatoria. Aproximadamente el 60 por ciento de los estudiantes habían sido expulsados temporal o permanentemente al menos una vez, pero la media era de ocho veces.

Otro informe publicado en octubre por el Centro Nacional de Política Educacional de la Universidad de Colorado resaltó desconcertantes diferencias raciales. Según datos recopilados en Carolina del Norte en el 2010, el 32 por ciento de los estudiantes negros a los que se les llamó la atención por primera vez por el uso del celular fueron expulsados temporalmente, mientras que tan sólo el 15 por ciento de los estudiantes blancos fueron tratados de la misma manera por la misma infracción.

Los defensores de la reforma buscan otras soluciones.

El juez Steven Teske del Tribunal de menores del Condado de Clayton, Georgia, declaró en 2010 ante el Comité sobre Educación y Trabajo Del Congreso y abogó por un cambio tras descubrir que más del 90 por ciento de las derivaciones al tribunal de menores eran por cuestiones de disciplina insignificantes “que deberían haberse resuelto en las escuelas.”

En el Condado de San Francisco, California, donde la junta de administradores del distrito ha tomado otras medidas, no se expulsó a ningún estudiante por oposición o desafío a la autoridad el año pasado. La junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles adoptó una política de “apoyo a la buena conducta” en 2007 con el fin de premiar la buena conducta y ofrecer más terapia.

“La verdad es que no queremos expulsar a nadie por desafío a la autoridad,” dijo Isabel Villalobos, coordinadora de la disciplina de los estudiantes del distrito.

La Administración de Obama anunció en julio la Iniciativa de Apoyo a la Disciplina Escolar, que pretende ayudar a las escuelas a actuar con más juicio en la aplicación de expulsiones. La administración está revisando también alegaciones de diferencias raciales desproporcionadas en la aplicación de la disciplina en Delaware, Nueva York, Carolina del Norte, Utah y Minnesota.

La Vía a la Explulsión

Los representantes oficiales de Kern dicen que el proceso que aplican sigue una serie de pasos lógicos.

Aunque algunas escuelas están empezando a seguir una “intervención y apoyo a la buena conducta,” la política general es la “disciplina progresiva,” dijo Otis Jennings, supervisor de disciplina del extenso Distrito Escolar Preparatorio de Kern. La expulsión permanente sólo viene después de una expulsión temporal. Los representantes oficiales de las escuelas de Kern dicen que tratan de ayudar a los estudiantes que tienen problemas, pero que sus esfuerzos se ven limitados por la crisis fiscal del estado.

John Teves, vocero del distrito, dijo que como los centros escolares normalmente tienen menos de cinco consejeros en plantilla, deben concentrarse en el progreso académico. Hay diez psicólogos escolares que se dedican a las necesidades de los 3,500 estudiantes de educación especial.

Michael Zulfa, ayudante del superintendente de instrucción del Distrito Escolar Preparatorio de Kern, reconoció que la expulsión puede marcar negativamente un expediente académico, pero también dijo que puede ser algo positivo al alejar a los estudiantes de las influencias negativas y darles la oportunidad de cambiar su conducta.

California requiere que se ofrezca educación pública a los estudiantes expulsados. El año pasado, aproximadamente 600 estudiantes de los 2,040 estudiantes expulsados del Distrito Escolar Preparatorio de Kern fueron enviados a otras escuelas normales o a escuelas de “continuación” del distrito para estudiantes de bajo rendimiento.

Pero la mayoría de los estudiantes expulsados de Kern fueron enviados a escuelas “comunitarias” dirigidas por el condado. Estas escuelas, junto con las escuelas del tribunal de menores de Kern, vieron un aumento de la inscripción de un 30 por ciento entre el 2003 y el 2008. Los gastos básicos por estudiante de las escuelas comunitarias en 2008-2009 se calcularon en $5,954, aproximadamente $300 más que los gastos básicos del estado por estudiante.

Jeanne Hughes, directora de escuelas comunitarias, dijo que si un estudiante expulsado no se ha sometido con anterioridad a una evaluación psicológica, se le hará una en la escuela del condado.

“A veces hay que tocar fondo,” dijo Hughes, “para recibir los recursos y la ayuda que uno necesita.”

Los oficiales de libertad condicional visitan regularmente las escuelas comunitarias de Kern, donde también se pueden inscribir los menores en libertad condicional, más de 1,000 el año pasado. Los críticos dudan que sea una buena idea mezclar a los estudiantes expulsados por infracciones menores con muchachos que están en libertad condicional.

“Para algunos de estos muchachos,” dijo McKinley “es como ir a una clase básica de cómo robar un carro.”

Zulfa dijo que la mayoría de los estudiantes expulsados regresan a las escuelas normales y se gradúan a tiempo, pero no hay datos firmes sobre este hecho. Las cifras generales de graduación de Kern se comparan a las del resto de California, 74 por ciento de graduación y 18 por ciento de abandono escolar.

Batey dijo que es obvio que algunos muchachos expulsados que tienen un historial de problemas abandonan la escuela. “¿Que si perdemos alguno? Probablemente sí,” dijo, “pero hay muchas razones por las que los estudiantes abandonan la escuela antes de tiempo.”

Un Caso Complejo

Muchos de estos problemas están presentes en el caso del muchacho que representa McKinley.

Según su expediente, lo expulsaron en tercer grado por “hacerle un gesto obsceno con el dedo a un maestro” y por golpearle “en la pierna a una persona que estaba a cargo de las actividades.” La madre del niño, Teresa Arredondo, dice que el niño se molestó porque se cayó y un maestro se rió de él.

En 4º grado, lo expulsaron por dos días por “bajo rendimiento” y en 5º lo suspendieron por un día, en parte, por “desafiar a la autoridad”.

Antes de su audiencia inicial de octubre, ya lo habían derivado a una escuela comunitaria que él comparaba con “ir a la cárcel”.

Arredondo, supervisora de trabajo agrícola, dijo que ha solicitado repetidas veces que le hagan pruebas a su hijo en la escuela por si necesita educación especial. Uno de los miembros de la facultad dijo en la audiencia que el niño ha recibido terapia, pero al ser interrogado por McKinley, reconoció que nunca se le hizo una evaluación psicológica en la escuela.

Aunque la madre no excusaba la broma de su hijo, dijo que los cargos que habían presentado contra él “eran una locura”. “Los niños no son criminales ni tienen desviaciones sexuales,” dijo “, pero como se les trata en las escuelas, van a acabar siéndolo.”

En la primera audiencia del niño, McKinley arguyó que su cliente es prepubescente. Según la ley, dijo McKinley, para que se considere culpable de agresión sexual a un estudiantes, la escuela debe probar que éste actuó de manera “obscena y lasciva” para satisfacerse sexualmente o cometer un abuso de naturaleza sexual.

Randall Ranes, director de servicios de apoyo a la instrucción del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfiel, dijo que demostrar que un joven estudiante se haya comportado de manera sexualmente abusiva es suficiente para la expulsión. Ranes se negó a hacer comentarios específicamente sobre el caso del niño.

Arredondo dijo que sabe que su hijo puede aprender porque le ha ido bien en algunas pruebas. Cuando estaba fuera de la escuela esperando a que se decidiera sobre su expulsión para el resto del año, dice que no tuvo otra opción que ir a la escuela para “malos chicos”. Estuvo fuera de la escuela normal por unos dos meses. Parte del tiempo, Arredondo retuvo al niño en casa y le pagó a un vecino para que leyera con él e hiciera matemáticas y algunos proyectos divertidos.

Ronald Froehlich, miembro de la Junta de Educación del Condado de Kern, expresó libremente lo que pensaba sobre la recomendación de expulsión del niño, que era una sobre reacción. “Hay leyes pero hay que tener sentido común al aplicarlas”, dijo. Froehlich dijo que apoya la disciplina firme, pero que cree que las juntas locales que gobiernan en el Distrito Escolar Preparatorio de Kern y en el Distrito de la Ciudad de Bakersfield deberían examinar más cuidadosamente las recomendaciones de expulsión.

“La mayor parte del tiempo se limitan a aprobar estas recomendaciones en la junta de la ciudad y en la de las escuelas preparatorias sin examinarlas”, dijo él.

A pesar del gran número de expulsiones del condado, la Junta de Educación del Condado de Kern normalmente tiene muy pocas apelaciones de expulsión, tan sólo seis el año pasado.

McKinley dijo que cree que el proceso de apelación de tres niveles es demasiado desalentador para muchos padres, y que pocos padres pueden permitirse pagar un abogado y que existen muy pocas opciones de ayuda voluntaria.

Contribuyó a esta historia David Donald, editor de datos del Centro para la Integridad Pública. El Centro para la Integridad Pública es una organización no lucrativa con base en Washington, DC., que se dedica al periodismo de investigación. Tradución por Azucena Puerta-Diaz y la California Endowment.