Robo de salarios

Introduction

Los trabajadores esenciales, ya maltratados por los largos turnos y las altas tasas de infección, además de las dificultades provocadas por la pandemia, enfrentan otro peligro de estos tiempos difíciles: los empleadores que les roban sus salarios.

Cuando se produce una recesión, las empresas estadounidenses son más propensas a robar a los trabajadores con los menores salarios. Estas empresas suelen pagar menos del salario mínimo, hacen que los empleados trabajen fuera del horario laboral o se niegan a pagar las horas extras. En los casos más graves, los jefes no les pagan a sus empleados.

Las empresas que contratan a trabajadores de guarderías, dependientes de gasolineras, meseros de restaurantes y guardias de seguridad se encuentran entre los negocios que más a menudo se les descubre engañando a sus empleados, según un análisis del Centro para la Integridad Pública sobre las violaciones del salario mínimo y las horas extras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Tan sólo en 2019, el organismo citó a unos 8,500 empleadores por quedarse con unos $287 millones de dólares que les correspondían a los trabajadores.

Las grandes corporaciones estadounidenses son algunas de las peores infractoras. Entre ellas se encuentran Halliburton, G4S Wackenhut y las tiendas Circle-K, que, según los registros de la agencia, se han quedado, en conjunto, con más de $22 millones de dólares de sus empleados desde 2005.

Sus víctimas trabajan incansablemente en los peldaños más bajos de la fuerza laboral. Personas como Danielle Wynne, una empleada de una tienda de conveniencia que cobraba $10 dólares por hora y que dijo que su jefe le ordenaba trabajar fuera del horario laboral, y Ruth Palacios, una conserje de México que ganaba menos del salario mínimo por desinfectar un hospital de Nueva York en plena pandemia.

Las empresas tienen pocos incentivos para cumplir la ley. La División de Salario y Hora del Departamento de Trabajo, que investiga las denuncias federales por robo de salarios, rara vez sanciona a los reincidentes, según un análisis de los datos de la división. El Centro para la Integridad Pública obtuvo los registros mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información que abarca desde octubre de 2005 hasta septiembre de 2020.

La agencia multó sólo a uno de cada cuatro reincidentes durante ese período. Y les ordenó a esas empresas que les pagaran a los trabajadores daños y perjuicios — multas además de los salarios atrasados — en sólo el 14% de esos casos.

Además, la división a menudo permite que las empresas no les devuelvan a sus empleados todo el dinero que se les debe. En total, la agencia ha dejado que más de 16,000 empleadores se libren de pagar $20.3 millones de dólares en salarios atrasados desde 2005, según el análisis del Centro para la Integridad Pública.

“Algunas empresas hacen un análisis de costo-beneficio y se dan cuenta de que es más barato infringir la ley, aunque las atrapen”, dijo Jenn Round, investigadora de aplicación de las normas laborales en el Centro para la Innovación en la Organización de Trabajadores de la Universidad Rutgers.

Los datos federales ofrecen una visión reveladora — aunque incompleta — de una práctica que hunde en la pobreza a los trabajadores peor pagados de Estados Unidos. Los datos no incluyen las violaciones de las leyes estatales de robo de salarios ni los casos en los que los empleados demandaron. Y pasa por alto a todos los trabajadores que no denuncian, ya sea porque tienen miedo o porque desconocen sus derechos.

Pero algunos economistas afirman que el robo de salarios es tan generalizado que les cuesta a los trabajadores al menos $15,000 millones de dólares al año — una cantidad muy superior a la que se roba durante los atracos.

Las empresas son más propensas a engañar a los empleados de color y a los trabajadores inmigrantes, según Daniel Galvin, profesor de ciencias políticas e investigador de políticas de la Universidad Northwestern. Su investigación, basada en datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo, muestra que los inmigrantes y los trabajadores latinos tenían el doble de probabilidades de ganar menos del salario mínimo entre 2009 y 2019 en comparación con los estadounidenses blancos. En comparación, los trabajadores negros tenían casi un 50% más de probabilidades de que les roben salario.

Durante gran parte de la era de Jim Crow, el gobierno federal hizo la vista gorda ante las disparidades raciales en los salarios. No fue hasta la Gran Depresión cuando el congreso intentó por primera vez establecer un salario mínimo nacional y el pago de horas extras a los trabajadores. Para hacer que los demócratas del sur votaran a favor de la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938, los demócratas del Norte aceptaron excluir a los trabajadores agrícolas, las niñeras y las amas de casa de las protecciones de la ley. En el sur, la mayoría de esos trabajadores eran negros. En el oeste, un gran número era mexicoestadounidenses.

El congreso enmendó la ley durante las décadas de 1960 y 1970 para cubrir a la mayoría de estos trabajadores excluidos, pero sus empleadores a menudo incumplen la ley de todas formas. Galvin reporta en su próximo libro, “Alt-Labor and the New Politics of Workers’ Rights”, que los trabajadores peor pagados perdieron aproximadamente $1.67 dólares por hora — alrededor del 21% de sus ingresos — por el robo de salarios entre 2009 y 2019.

Yuri Callejas, una madre soltera de 40 años, limpiaba habitaciones de hotel en una franquicia de Fairfield Inn & Suites en Pelham, Alabama. Callejas se quejó con su jefe de que le estaba pagando apenas $9 dólares por hora, aunque la contrataron a $10 por hora, según una demanda presentada en enero de 2020 en un tribunal federal. Aunque dijo que trabajaba más de 40 horas a la semana, tampoco le pagaban las horas extras, según la denuncia.

Su jefe se negó a cambiarle el salario, según la denuncia, así que ella renunció. Su contabilización de lo que se le debía: $1,272 dólares.

Con la ayuda de un abogado del Centro de Trabajadores Adelante Alabama, Callejas demandó al propietario del hotel, AUM Pelham LLC. La empresa negó que Callejas hubiera sido contratada a $10 dólares por hora o que trabajara horas extras, pero aceptó un acuerdo. El propietario de la empresa, Rakesh Patel, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Callejas se fue con $2,500 dólares en salarios atrasados y daños. Pero eso no borró los recuerdos de su lucha.

“Cada vez que tenía que pagar mis cuentas”, recuerda, “nunca tenía dinero suficiente”.

Isaac Guazo, organizador de justicia económica de Adelante Alabama, dijo que menos trabajadores han denunciado el robo de salarios durante la pandemia, pero que eso no significa que esté ocurriendo menos.

“En realidad, es lo contrario”, dijo. “Los trabajadores toleran muchos más abusos ahora porque es muy difícil encontrar otro trabajo y necesitan pagar la renta”.

Ruth Palacios y Arturo Xelo, un matrimonio mexicano, desinfectaban las habitaciones de los pacientes de COVID-19 en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Trabajaron siete días a la semana durante meses, dijo Palacios, pero no se les pagaron las horas extras. Al comenzar la pandemia, ganaban el salario mínimo local de $15 dólares por hora, dijo, pero después de unos meses, su jefe les bajó el sueldo a $12.25 dólares, dijo.

“Los pequeños tienen que hablar porque la gente — los patrones — se están aprovechando de sus trabajadores”, dijo Palacios en una videollamada desde su casa en Queens.

Palacios, Xelo y dos de sus excompañeros de trabajo presentaron en enero una demanda federal contra el contratista que los contrató, BMS Cat. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios. En las actas judiciales, negó haberles pagado a los limpiadores menos del salario mínimo o que les debiera el pago de horas extras. El hospital tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Reincidentes

Danielle Wynne atendía a los clientes en una gasolinera Circle-K del condado de Brevard, Florida, durante turnos que comenzaban a las 4:30 de la mañana y terminaban a primera hora de la tarde. Antes y después de checar tarjeta, dijo Wynne, su gerente la hacía trabajar gratis, según una demanda que presentó en un tribunal federal en febrero de 2020. Ella contaba el dinero de la caja registradora, preparaba el café, limpiaba la tienda, ponía los condimentos y rellenaba la máquina de lotería — todo eso fuera de horario.

El trabajo no remunerado ascendió a alrededor de $1,250 dólares en un año, según el expediente judicial. Para alguien que gana $10 dólares por hora, eso es aproximadamente tres semanas de salario.

Wynne dijo en las actas judiciales que no se quejó en ese momento porque tenía miedo de su jefe “vengativo”.

Circle-K Stores negó las acusaciones de pago insuficiente en los tribunales, aunque terminó resolviendo el caso por $2,500 dólares en octubre. Pero los datos del Departamento de Trabajo muestran que la empresa les quita salarios a sus empleados en repetidas ocasiones, con pocas repercusiones.

Los investigadores federales descubrieron que las tiendas Circle-K les pagaron de menos a sus empleados 22 veces desde 2005, la más reciente en febrero de 2020. El total: $54,069 dólares que les correspondían a 120 empleados. Pero el Departamento de Trabajo sólo multó a la empresa cuatro veces y le ordenó pagarles daños y perjuicios a los empleados en dos casos. En seis casos, la empresa no pagó todo el dinero que les debía a los empleados, lo que se conoce como salarios atrasados. La agencia cerró esos casos de todos modos sin más medidas.

Circle-K Stores no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

El Centro para la Integridad Pública descubrió que los investigadores del Departamento de Trabajo son igualmente indulgentes con otros reincidentes.

La empresa de servicios petroleros Halliburton les retuvo ilegalmente $18.7 millones de dólares a 1,050 empleados, según los registros del Departamento de Trabajo, pero los investigadores de personal nunca le ordenaron a la empresa que pagara daños y perjuicios además de los salarios atrasados. El departamento multó a Halliburton en sólo tres de los ocho casos que entabló contra la empresa.

Halliburton no quiso hacer comentarios sobre los casos. Pero en una declaración en 2015 a Inside Energy, una portavoz de la empresa dijo que había clasificado erróneamente a los empleados como exentos del pago de horas extras.

“La empresa reclasificó los puestos identificados y, a lo largo de este proceso, Halliburton ha trabajado de forma seria y cooperativa con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para resolver de forma equitativa esta situación”, escribió Susie McMichael, representante de relaciones públicas de Halliburton.

G4S Wackenhut y sus filiales, que prestan servicios de seguridad a empresas y tribunales, les negaron ilegalmente casi $3.3 millones de dólares a 1,605 empleados. Los investigadores federales nunca le ordenaron a la empresa que les pagara daños y perjuicios a los empleados y sólo impusieron una multa en nueve de los 47 casos, por un total de menos de $41,000 dólares. Aunque G4S Wackenhut reembolsó posteriormente a los empleados en casi todos los casos, no pagó los salarios atrasados en su totalidad en dos ocasiones, y el Departamento de Trabajo cerró esos casos de todos modos.

Sabrina Ríos, portavoz de la empresa, dijo que la mayor parte del dinero adeudado correspondía a filiales de G4S que estaban bajo gestión independiente. Añadió que las reclamaciones no reflejan las prácticas comerciales de la empresa y que algunos de los casos se remontan a más de 22 años.

“La empresa colaboró con el Departamento de Trabajo en la investigación de cada caso y realizó los pagos correspondientes a las personas por un total de unos $3.3 [millones de dólares]”, escribió.

Un funcionario del Departamento de Trabajo dijo que la agencia les ordena a las empresas que paguen daños y perjuicios cuando es apropiado, lo cual se determina caso por caso. Por lo general, las multas se imponen cuando una empresa infringe la ley de forma reiterada o intencionada. El departamento intenta resolver los casos por la vía administrativa para evitar llevar a los empleadores a los tribunales.

“El departamento ejerce su discreción fiscal para determinar si debe litigar en casos específicos, basándose en una cuidadosa consideración de nuestras prioridades, recursos y misión”, escribió Jessica Looman, subadministradora principal de la División de Salario y Hora de la agencia, en un comunicado.

Nancy Leppink, exjefa de la División de Salario y Hora durante el gobierno de Obama, dijo que la agencia no cuenta con suficientes abogados para llevar a todos los empleadores a los tribunales cuando no pagan. Aunque la división contrató a 300 nuevos investigadores durante su mandato, en febrero sólo contaba con unos 787 para aplicar las leyes de robo de salarios.

Esto representa aproximadamente un investigador por cada 182,000 empleados cubiertos por la Ley de Normas Justas de Trabajo, muy por debajo de los 10,000 trabajadores por investigador que recomienda la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

Leppink dijo que presionó a los investigadores para que exigieran una indemnización para los trabajadores en todos los casos federales posibles. Por ejemplo, si un empleador le quitó $1,000 dólares a un empleado, la agencia podría exigir esa cantidad en concepto de salarios atrasados y otros $1,000 dólares por daños y perjuicios.

“Si todo lo que se hace es cobrarles los salarios, ¿por qué se molestaría una empresa en cumplir hasta que [un investigador] entre por la puerta?”, dijo.

Aunque el porcentaje de casos con daños y perjuicios aumentó durante el mandato de Leppink, nunca ha superado el 15%, según muestran los datos. La decisión de la agencia sobre si debe entablar una acción por daños y perjuicios a veces obedece a la solidez de la evidencia, la urgencia en conseguir que los trabajadores reciban sus salarios atrasados y el nivel de incumplimiento por parte del empleador, dijo Leppink — y a veces simplemente por la falta de recursos de personal.

El año pasado, en respuesta a la pandemia de coronavirus, la administración Trump les ordenó a los investigadores federales que dejaran de entablar acciones por daños y perjuicios en la mayoría de los casos para los trabajadores. En abril, la administración Biden revocó esa decisión, dijo Looman.

Los abogados que representan a los trabajadores en casos de robo de salarios dicen que a menudo disuaden a los clientes de presentar una denuncia ante el Departamento de Trabajo porque rara vez se les pagan daños y perjuicios u obtienen resultados rápidos. El caso típico tardó 108 días en investigarse, según datos de la agencia.

‘El robo de salarios no es un accidente’

En una audiencia celebrada en 2015 en Filadelfia, una profesora de Derecho de la Universidad Temple le dijo al ayuntamiento que los empleadores se robaban los salarios de decenas de miles de trabajadores de Filadelfia cada semana. La profesora, Jennifer Lee, señaló las conclusiones de un estudio del Sheller Center for Social Justice de la universidad.

“Esto nos dice que el robo de salarios no es un accidente”, les dijo Lee a los legisladores de la ciudad. “No se trata de unos pocos empleadores explotadores o de unas pocas empresas nuevas que no entienden la ley, sino de un enfoque calculado por parte de los empleadores para maximizar sus beneficios a costa de sus trabajadores”.

La audiencia contribuyó a lanzar una ley local contra el robo de salarios que les permite a los trabajadores recuperar su dinero más rápidamente que si presentaran una denuncia ante el gobierno estatal o federal.

La ordenanza, que entró en vigor en 2016, establece un límite de 110 días para que el personal de la ciudad investigue y cierre un caso de robo de salarios. También les da a los trabajadores tres años para presentar una denuncia ante la ciudad, en comparación con el plazo de prescripción de dos años previsto en la ley federal. Y las multas son fuertes. La ciudad puede revocar o denegarles permisos y licencias locales a las empresas que roban salarios.

Expertos legales y grupos comunitarios señalan que las leyes locales sobre el robo de salarios son una forma eficiente de sortear la aplicación laxa de la ley a nivel federal y en algunos estados. Chicago aprobó una ley de este tipo en 2013. Minneapolis siguió su ejemplo en 2019.

Pero otros defensores de los derechos de los trabajadores quieren ver reformas federales, pues consideran que el Departamento de Trabajo protege a un mayor número de trabajadores. Quieren que el congreso aumente la financiación de la División de Salario y Hora para que pueda duplicar el número de investigadores, contratar más abogados y ocuparse de más casos de robo de salarios. También quieren que los legisladores extiendan el plazo de prescripción federal más allá de los dos años.

Leppink dijo que el gobierno federal podría revocar las licencias de franquicia y los contratos federales de las empresas con historial de robo de salarios.

Como mínimo, la División de Salario y Hora puede ordenarles a los empleadores que paguen daños y perjuicios en todos los casos posibles, dijo Jennifer Marion, exasesora de políticas de la división.

“Si sabes que probablemente pagarás el doble de lo que debías”, dijo, “eso lo cambia todo”.

Alexia Fernández Campbell es reportera del Centro para la Integridad Pública. Puede contactársele en acampbell@publicintegrity.org. Sígala en Twitter en @AlexiaCampbell.

Joe Yerardi es reportero de datos del Centro para la Integridad Pública. Puede contactársele en jyerardi@publicintegrity.org. Sígalo en Twitter en @JoeYerardi.

Univision tradujo la versión en español de este artículo.

Corrección: 16:30, 4 de mayo: Una versión previa de este reportaje identificó a Nancy Leppink como la Comisionada del Departamento de Indústria y Labor de Minnesota. Leppink ya no ocupa ese cargo.