Introduction
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Cuando Mayra Raymundo conduce al trabajo todas las tardes, mira obsesivamente su espejo retrovisor. Le da muchísimo miedo que un policía la detenga y descubra que no tiene licencia de conducir ni seguro de coche. Tendría que admitir que es indocumentada y correría el riesgo de ser deportada a Guatemala.
Raymundo, de 31 años, trabaja por las noches limpiando una escuela privada en las afueras de Providence, Rhode Island. Gana $11.50 la hora. Sin coche, Raymundo dice que no gana lo suficiente para mantener a sus dos hijas pequeñas.
“Básicamente, si tienes un coche, puedes encontrar trabajo. Si no, entonces no”, dijo Raymundo, añadiendo que podría conseguir un trabajo que le pague $15 la hora si tuviera una licencia de conducir. “Sin una licencia, vivo con miedo constante”.
Raymundo y dos de sus compañeras de trabajo, también indocumentadas, dijeron que rezaban para que los legisladores estatales aprobaran un proyecto de ley que les permitiría obtener una licencia. Los legisladores de Rhode Island llevan más de 10 años intentando aprobar este proyecto de ley.
Dieciséis estados, más Puerto Rico y Washington, DC, les permiten a los inmigrantes indocumentados recibir licencias de conducir o identificaciones similares conocidas como tarjetas de privilegio para conducir, eliminando así la posibilidad de arresto por conducir sin licencia, una vía rápida común para la deportación. Otros también están considerando estas medidas, pues las investigaciones muestran que los primeros en adoptarlas redujeron la probabilidad de atropello y fuga, redujeron los costos de los seguros para los conductores, aumentaron el número de automovilistas asegurados en las carreteras y mejoraron los índices de pobreza.
Pero las autoridades de inmigración están utilizando los datos de los permisos de conducir para encontrar a las mismas personas que se supone que se benefician de las nuevas leyes.
Al menos siete estados han compartido información personal de los conductores con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos desde enero de 2020, según una investigación del Center for Public Integrity. A veces, los agentes de inmigración le piden al personal del departamento de vehículos motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) que realice una búsqueda de reconocimiento facial para saber si hay coincidencias con una foto proporcionada. Otras veces, buscan direcciones e historiales de conducción de personas concretas.
Los agentes suelen decir que estos inmigrantes son sospechosos de delitos, pero a veces buscan a personas que creen que sólo han cometido una infracción civil de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido por una visa.
Algunos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes se preguntan ahora si es demasiado arriesgado que los indocumentados obtengan licencias.
“Todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar la protección de la información”, dijo Mayra Cedano, directora ejecutiva de Comunidades Unidas, una organización sin fines de lucro de Utah que trabaja estrechamente con familias indocumentadas. “Mucha gente en nuestras comunidades dijo: ‘No me voy a arriesgar. No voy a renovar y arriesgarme a que me deporten solo por conducir'”.
Algunos estados verifican las solicitudes de ICE. Muchos no lo hacen.
El Center for Public Integrity les preguntó a todas las jurisdicciones que les permiten conducir a los indocumentados cómo gestionan las solicitudes de ICE. Sus leyes o políticas internas varían enormemente, y algunas se negaron a dar explicaciones.
La mayoría no exige pruebas de que las investigaciones de ICE estén relacionadas con actividades delictivas y no con infracciones civiles de inmigración. Cuando les llegan solicitudes que citan explotación infantil, tráfico de drogas u otras investigaciones de este tipo, estos estados las conceden, tomándolas al pie de la letra.
Solo cuatro estados — Nueva Jersey, Nuevo México, Virginia y Washington — exigen que los agentes presenten una orden judicial o de detención firmada por un juez antes de entregar los datos personales. Al menos otros dos estados, California y Hawái, aprobaron leyes que les prohíben explícitamente a los departamentos de vehículos motorizados compartir con ICE información relacionada únicamente con la aplicación de la ley de inmigración.
Algunas de las otras jurisdicciones — como Washington, DC — no compartieron las políticas de privacidad, pero dijeron que están comprometidas con la protección de la información personal de los conductores. Y ICE dijo que no utiliza la información de la licencia para seleccionar a las personas a deportar.
Pero el Center for Public Integrity descubrió que ICE ha solicitado información exclusivamente para la aplicación de la ley de inmigración en algunos casos durante el último año y medio. Y los defensores dicen que dudan de que las jurisdicciones puedan estar seguras de que la agencia no utilizará los datos de los permisos de conducir para localizar a inmigrantes indocumentados que no han cometido ningún delito.
"Hay que confiar en que ICE cuente con protecciones internas, que no utilizará la información para la inmigración", dijo Diane Burkley Alejandro, defensora principal de ACLU People Power Fairfax. "Pero, ¿ocurre así? ... Quién sabe".
En California, por ejemplo, un portavoz del DMV dijo que ICE "debe acceder a" no utilizar la información personal para la aplicación de la ley de inmigración. El DMV cuenta con que ICE cumpla estas normas y ha concedido las 141 solicitudes de la agencia en el último año y medio.
En Utah, que tiene una política similar, Cedano de Comunidades Unidas dijo que el aumento del miedo sobre lo que el gobierno hará con la información les ha impedido a algunos inmigrantes indocumentados solicitar las tarjetas de privilegio para conducir. Las 31,000 personas con tarjetas de conducir el año pasado, según datos del Departamento de Seguridad Pública de Utah, representan un descenso de unas 7,000 en la última década.
Delaware y Vermont, por su parte, les permiten a sus departamentos de vehículos motorizados darle información a ICE para la aplicación de la ley de inmigración.
Y en Oregón y Maryland, ICE puede acceder directamente a las bases de datos policiales de todo el estado, incluidos los historiales de conducción. No se requiere solicitud.
Un portavoz de la Policía Estatal de Oregón, que administra la base de datos de las fuerzas del orden público de todo el estado, no respondió a las repetidas preguntas sobre si el estado le prohíbe a ICE acceder a los datos de las investigaciones que no implican actividades delictivas. El Departamento de Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios de Maryland remitió esa pregunta a la matriz de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional. ICE no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.
ICE accedió a la base de datos de las fuerzas de seguridad de Maryland — que contiene información personal de los conductores — más de 4,800 veces en el último año y medio. ICE también realizó 37 búsquedas de reconocimiento facial a través del Sistema de Archivo de Imágenes del estado. Maryland no aclaró cuántos de estos incidentes involucraron datos de los permisos de conducir, remitiendo nuevamente la pregunta al Departamento de Seguridad Nacional.
"No debería ser un riesgo obtener una licencia de conducir. ... Me enoja que la gente tenga que pensar en los datos, que su información se le pueda entregar a ICE", dijo Juan Manuel Guzmán, director de defensa estatal del grupo de derechos de los inmigrantes liderado por jóvenes United We Dream (Juntos Soñamos). Dijo que obtuvo su licencia en Maryland en 2014, cuando el estado les permitió a los inmigrantes indocumentados hacerlo.
"Siempre que les das a las agencias — ya sea ICE, o podría ser la CIA — rienda suelta y poder sin límites, pueden revisar muchos datos y utilizarlos peligrosamente", dijo. "Creo que es extremadamente preocupante".
ICE busca información de los conductores
A medida que más estados les permitían conducir a los inmigrantes indocumentados, las autoridades federales de inmigración comenzaron a ponerse en contacto con los departamentos estatales de vehículos motorizados para ayudar a identificar a alguien en una foto o para ver si una persona vivía bajo un nombre falso.
Una investigación del Washington Post de 2019 reveló que ICE y el FBI les presentaron miles de solicitudes de reconocimiento facial a los departamentos estatales de vehículos motorizados entre 2015 y 2019. Tan solo en Utah, se marcaron docenas de búsquedas como que habían arrojado una "posible coincidencia". No está claro cuántas de esas solicitudes estaban relacionadas con actividades delictivas.
En mayo de 2020, ICE publicó un informe en el que afirmó que tiene una política que les impide a los agentes solicitar búsquedas de reconocimiento facial, a menos que se trate de personas sospechosas de actividades delictivas. El informe dice que los supervisores de ICE revisan periódicamente estas solicitudes.
Un portavoz de ICE se negó a decir si se trata de una nueva política y, de ser así, cuándo entró en vigor. Dijo que la agencia no hace estas solicitudes simplemente para seleccionar individuos para la deportación.
"Al igual que otras agencias de aplicación de la ley, ICE puede utilizar los datos del DMV en apoyo a investigaciones criminales en curso, o para confirmar la información relativa a las personas que se consideran una prioridad para la agencia", dijo Mike Álvarez, el portavoz, en un correo electrónico.
Sin embargo, el Center for Public Integrity descubrió que ICE les solicitó información a los departamentos de vehículos motorizados de al menos tres estados para la aplicación de la ley de inmigración — todo esto después de la fecha del informe de 2020 de la agencia.
El ICE le solicitó en septiembre de 2020 el historial de direcciones, antecedentes penales, el historial de infracciones de tránsito y una fotografía de una persona al Centro de Inteligencia de Connecticut, que almacena los datos personales del departamento de vehículos motorizados del estado. La persona era sospechosa de ingresar ilegalmente al país, lo que constituye una infracción civil. El centro denegó la solicitud.
En diciembre de 2020, ICE le solicitó información al departamento de licencias del estado de Washington sin indicar el delito que supuestamente había cometido el individuo. El departamento denegó la solicitud.
El DMV de Colorado recibió nueve solicitudes de ICE relacionadas únicamente con la aplicación de la ley de inmigración en 2020, denegando todas ellas.
En el caso de un puñado de otros estados, entre ellos Maryland y Oregón, no hay forma de saberlo.
El senador Curt Bramble, republicano de Utah que patrocinó el proyecto de ley para otorgar tarjetas de privilegio para conducir en ese estado en 2005, dijo que no le molesta si ICE utiliza los datos de la licencia de conducir para rastrear inmigrantes indocumentados. Dijo que las tarjetas de conducir benefician tanto a los miembros de la comunidad indocumentada, quienes pueden conducir legalmente, como a las fuerzas del orden, que pueden identificar a quienes infringen la ley.
"Hay una razón por la cual en el código federal el término legal es 'extranjero ilegal'", dijo Bramble. "Los individuos han decidido violar nuestras leyes de inmigración".
Dijo que los defensores nunca se han puesto en contacto con él para expresar preocupaciones por este intercambio de información con ICE.
El oficial de información pública del Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés), el teniente Nick Street, le dijo por primera vez al Center for Public Integrity que los agentes de ICE solicitaron información únicamente para la aplicación de la ley de inmigración al menos dos veces en 2021, y el DPS concedió sus solicitudes. Street dijo que el departamento creía que las solicitudes estaban relacionadas con "consultas de visas U", en las que los inmigrantes indocumentados son víctimas de delitos y ayudan a las fuerzas del orden a investigar la actividad.
Street dijo posteriormente que estas solicitudes tenían que ver con actividades delictivas al margen de la aplicación de la ley de inmigración. Se encontraban entre las casi 230 solicitudes de información de ICE que el departamento de seguridad pública concedió en el último año y medio.
Mejores vidas, más dinero
Permitirles a las personas indocumentadas obtener licencias de conducir tiene beneficios económicos: los conductores con licencia tienen más probabilidades de comprar vehículos y otros artículos de mayor valor, incluyendo casas. Se matriculan y aseguran más coches. Con una mayor capacidad para desplazarse a mejores trabajos, los indocumentados pueden contribuir más a la economía.
La pobreza disminuye a un ritmo más rápido en los estados con estas políticas, según un informe de 2016 de la Facultad de Derecho y el Instituto de Política Latina de la Universidad Roger Williams.
Karla Reyes, de 34 años, es madre de cuatro hijos y cocinera en un Little Caesars de Virginia. Su esposo, Rosendo Martínez, es un paisajista que recientemente recibió su tarjeta de privilegio para conducir.
"Le pagaban $180 al día, pero le aumentaron $20 después de obtener la licencia. Ahora gana $200 al día", dijo Reyes mediante un intérprete.
Ovidia Castillo trabaja como ama de llaves en Virginia. Le toma una hora llegar a la primera casa del día: Todavía no tiene una tarjeta de privilegio para conducir y depende de su empleador para que la lleve hasta allí con otras cinco mujeres.
Castillo, de 41 años, es madre soltera de un hijo de 16 años. Desea aprobar el curso de manejo y montar su propio negocio de limpieza, con lo que conseguirá controlar su agenda y tener más tiempo libre para estar con su hijo.
"Mi tiempo no me pertenece", dijo Castillo mediante un intérprete. "Parece como si no tuviera pies".
En cuanto pueda conducir, Castillo ya no necesitará viajes en taxi de $14 para ir y volver de las clases nocturnas de inglés cuatro días a la semana. Podrá llevar a su hijo, que tiene síndrome de Asperger, a programas educativos locales a los que le resulta demasiado incómodo asistir en transporte público, y en ellos podrá socializar con otros niños de su edad.
"Cuando tenga la independencia necesaria para llevarnos a mí y a mi hijo a donde tengamos que ir, me parecerá que me he ganado la lotería", dijo.
La obtención de licencias para aprender inglés es un tema común entre las comunidades de indocumentados.
Guzmán, el defensor de los indocumentados que obtuvo su licencia en Maryland, dijo que podía ir en coche al colegio comunitario y aprender inglés por las tardes. Su familia consiguió mejores oportunidades laborales.
"Mi familia trabaja en la construcción y limpia casas, y poder librarnos de empleadores a veces muy abusivos ha sido maravilloso", dijo Guzmán. "Saben que no tienes otra opción, y es realmente horrible cuando no tienes otra opción".
En Virginia, los inmigrantes indocumentados intentaron durante años convencer a los legisladores estatales que les permitieran conducir. El proyecto de ley se aprobó finalmente en abril de 2020, después de que los demócratas obtuvieran el control de la Legislatura, y entró en vigor en enero.
El proyecto de ley lo presentó por primera vez hace años un republicano que representa una zona rural conservadora del sur de Virginia. Dicho proyecto de ley, promovido como un incentivo económico y de seguridad, se propuso para garantizar que los trabajadores agrícolas indocumentados pudieran producir alimentos para el estado, dijo Mónica Sarmiento, directora ejecutiva de la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes.
Los defensores celebraron cuando se aprobó la ley. Pero la consideraron un primer paso porque no imponía restricciones para compartir datos personales. En ese momento, la dirección de la Asamblea General no estaba a favor de dichas restricciones, dijo Alejandro, de ACLU People Power Fairfax.
"En ese momento fue una decisión estratégica escuchar a los miembros de la comunidad, que nos decían que entendían los riesgos y querían licencias de todos modos", dijo Alejandro. "Era mejor tener licencias sin una protección completa que no tener licencia alguna".
Los legisladores aprobaron en marzo un proyecto de ley de protección de datos por separado que entró en vigor el 1 de julio.
La legislación de Rhode Island habría incluido algunas de las restricciones de intercambio de datos más estrictas del país. La ley les habría prohibido a las agencias estatales entregarles información a las autoridades de inmigración a menos que ICE pudiera proporcionar una orden de detención o una orden judicial.
El Senado de Rhode Island votó 28 a 10 a favor de permitirles conducir a los inmigrantes indocumentados, pero la dirección de la Cámara de Representantes decidió no retomar el proyecto de ley antes de que terminara la sesión en junio.
Hasta ahí ha llegado la medida, y los proponentes planean intentarlo nuevamente.
Pero Raymundo tiene que ponerse a trabajar ahora. Noche tras noche, sigue mirando por encima del hombro mientras conduce.
Univision tradujo la versión en español de este articulo.
Clarificación: Una versión previa de este reportaje contenía una tabla en la que no se definía "datos del conductor" o "registros del departamento de vehículos motorizados". Ambos se refieren a los nombres, direcciones y fotografías de los conductores.
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